“CUARENTENA POR LA VIDA" Y "VIDA O ECONOMíA”. TERCERA ENTREGA. Un eufemismo y un dilema errado.

 “CUARENTENA POR LA VIDA” O “CUIDADO TOTAL”. Un eufemismo y un dilema errado que van en contra de la democracia y las libertades individuales. TERCERA ENTREGA. CONCLUSIONES. No es posible negar la importancia de los conceptos de epidemiólogos y médicos para la comprensión del CV-19, como tampoco es posible negar que la ausencia de otros puntos de vista desde la economía, la psicología,  la psiquiatría, la sociología y el derecho, no han permitido obtener la información necesaria para que la ciudadanía pueda deliberar y decidir frente a la relación costo-beneficio en la adopción e implementación de las medidas dirigidas a la contención del virus. El pánico colectivo alimentado por el amarillismo de los medios de comunicación, no solo ha obstaculizado la defensa de la democracia y de los derechos individuales, sino que ha impedido prestar atención a la grave situación que se aproxima. El desempleo en tasas superiores al 22% representa no solo un indicador económico sino el advenimiento de graves problemas sociales. Hablar de economía o reactivación en medio de un generalizado lenguaje de agonía y muerte, ha dado lugar a una censura por representar intereses materialistas, monetarios o insolidarios. Se ha descuidado que tras esa cifra se oculta el derecho fundamental al mínimo vital de millones de personas, a su vida digna. No ha habido espacio para debatir acerca de las diferencias entre reapertura, reactivación y recuperación.  Las precarias medidas de protección de la economía y la ausencia de solidaridad, han debido servir de causa para un Pacto Social por la Vida, la Dignidad o por la Reactivación, para evitar moralismos. Pasados cuatro meses, es imposible demostrar con exactitud el nivel de eficacia de las medidas de confinamiento, pero es evidente la imposibilidad de seguir con ellas. Es necesario reaccionar. La experiencia, el conocimiento, la ideología, la forma de concebir la existencia o la muerte misma, entre otros factores, determinan una específica perspectiva del mundo y, en concreto, del Covid-19. Un reto de la democracia está en tratar de unir, en medio de pasiones y radicalismos, racionalidad y miedo, todas las perspectivas divergentes con el objeto de construir los mejores acuerdos o soluciones con ayuda de reglas mínimas de la carga de la argumentación. Luego de enunciar en entregas anteriores algunos consensos y preguntas, es momento de compartir estas conclusiones.

 

 

1.       El CV-19 representa un problema de salubridad pública, que en casos excepcionales puede derivar en letalidad.

2.       Cada persona y/o familia debe procurar porque se cumplan las medidas de bioseguridad que todos ampliamente conocemos.

3.       Cada persona o familia debe decidir autónomamente la forma de ejercer sus derechos a la vida digna, a la locomoción y al mínimo vital, siempre que en su ejercicio no se afecten los derechos de los demás.

4.       El dilema que se ha presentado entre la vida y la economía es errado. El reto está en hacer compatibles el derecho a la vida y el derecho a la vida digna representado en el mínimo vital.

5.       En el ejercicio de las funciones administrativas se ha desconocido de manera flagrante y reiterada los principios de descentralización, coordinación, concurrencia, eficiencia y subsidiariedad. (arts. 209 y 288 de la C.P. y  Ley 136 de 1994). Existe una clara descoordinación que ha llevado a que se adopten medidas incoherentes que no solo han restringido libertades fundamentales sino que han truncado la reactivación económica.

 

6.       No son pocas las medidas adoptadas que se caracterizan por su incoherencia o irrazonabilidad. Basta citar lo incómodo que resulta ver al Estado asumiendo posiciones fuertes al momento de proteger la vida de todos nosotros y la mayor indiferencia frente  a la vida de las personas privadas de la libertad. 

7.       En relación a la manera en que cada persona desea vivir o morir, el Estado no debe interferir, siempre que esa decisión no afecte los derechos de los demás.

8.       El ejercicio del derecho a la locomoción no es una causal de propagación del C-19. Es aquella locomoción que genera aglomeración. La limitación de ese derecho fundamental, por ejemplo en los casos de prácticas deportivas y las personas mayores de 70 años, no ayudará a evitar el colapso del sistema de salud, ni la propagación del virus.

9.       No existen criterios para diferenciar un indisciplinado social de un objetor de conciencia que no acepta la limitación irrazonable de sus derechos fundamentales.

10.   La defensa del Estado de derecho y de las garantías de la persona está en manos de los propios ciudadanos: la acción de tutela, las intervenciones ciudadanas en el control constitucional, las acciones públicas de inconstitucionalidad y nulidad, las acciones populares, la excepción de inconstitucionalidad, la excepción de principialidad y, por supuesto, la participación y deliberación a través del uso responsable de las redes sociales. Los jueces están llamados a ejercer un papel fundamental en la protección de la democracia y el estado de derecho, pero ellos no podrán cumplir su labor si no existe una ciudadanía que estimule y  apoye su función.

11.   En relación a la economía, es necesario adoptar medidas que correspondan a tres momentos claramente diferenciados: reapertura, reactivación y recuperación. 

12.   Aspectos como la indisciplina social, la demora en  la elaboración y entrega de las pruebas por las E.P.S., la imposibilidad de que no se cuente con el personal suficiente para atender las UCI o de no contar con el número suficiente de respiradores y la realidad de que a futuro se presenten nuevos “picos”,  ponen en evidencia no solo la ineficiencia de futuras medidas de confinamiento, sino la obligación de adoptar medidas inmediatas que representen un equilibrio entre la protección del derecho fundamental a la vida y el derecho fundamental al mínimo vital.

13.   Es necesario realizar un gran Pacto Social por la reactivación económica. Si los estudios más optimistas indican que la recuperación de la economía se dará en el año 2022, las medidas a adoptar deben ser acordes al tiempo estimado para la reactivación. No tiene sentido, por ejemplo, medidas como el aplazamiento por tres meses del pago de obligaciones financieras y vencido ese término continuar con la exigencia de la obligación “como si nada hubiera pasado”. Igual ocurre con el arrendamiento de locales comerciales, obligaciones fiscales y acreencias laborales. 

14.   La adopción e implementación de las medidas administrativas a nivel central, departamental o municipal ha representado una clara y grave infracción de los principios de descentralización, coordinación, concurrencia y rigor subsidiario entre otros. El desconocimiento de esos principios se ha traducido en la generación de un mal mayor al ocasionado por el mismo CV-19.

15.   La reactivación económica no se puede lograr a través de una flexibilización laboral que se intentó con poco éxito en el año 2002 con Ley 789. Una herramienta clave es la promoción del emprendimiento y el fortalecimiento de las mipymes.

16.   Cada vez es más complejo establecer diferencias entre la actitud irresponsable de una persona frente a las obligaciones de autocuidado, por ej. el “confinamiento  inteligente”, y el ejercicio de las libertades individuales representadas en la necesidad de procurar por un mínimo vital o el derecho que cada persona tiene a definir el sentido a la vida digna.

Este ejercicio de debate virtual ayudó a comprender que la defensa de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la democracia, realmente está es en manos de los ciudadanos y no de los administradores de turno.

Agradezco a todos por sus comentarios y críticas.