DELTA, ÓMICRON, DEMICRON, MEGATRON, ETC.,ETC.,ETC. Nuevamente, algunas reflexiones acerca del capítulo más absurdo de nuestra democracia.

 

Ser profesor es una de las labores más complejas. Si se es de derecho, concretamente de derecho constitucional, en un país como Colombia y en medio de una pandemia, termina siendo, sin duda, una misión más ardua. Firmes a nuestra labor pedagógica, nos asiste la responsabilidad de velar por el equilibrio entre las mayorías y las minorías, debemos huir a los sesgos y presentarnos con la objetividad que sirve de base a la credibilidad que reclama nuestra sociedad. Más espinosa resulta esta labor, en un contexto en el que la radicalización, la polarización o el dogmatismo, parecieran ser la base de todo conocimiento.

Cada vez es más difícil hablar del coronavirus. El pánico aumenta y todo argumento, así esté soportado en la necesidad de defender un derecho fundamental frente a una afectación desproporcionada o de cumplir con la promesa de ser solidarios realizada a inicios de pandemia, sucumbe ante la urgencia de proteger un etéreo o difuso interés general o bien común. Las incoherencias son cada vez más evidentes, pero no son advertidas por la sencilla razón de que el miedo se ha sobrepuesto a la razón.

En agosto del año 2020, hace 17 meses, advertíamos en un escrito titulado “De la inconformidad a la repugnancia. El capítulo más absurdo de nuestra democracia contado a través de la parábola del ascensor https://estradavelez.blogspot.com/2020/08/de-la-inconformidad-la-repugnancia-el.html)  lo siguiente: “el peligro mayor no está en el virus, sino en lo que él desnudó: la incoherencia, la incapacidad de servidores públicos de ver más allá de sus escritorios, la indiferencia y nuestra sumisión”. Las ideas allí expresadas se confirman ahora, cuando escuchamos de parte de un gran número de ciudadanos, una voz que no ha querido ser atendida: expresan que ha sido peor el remedio que la enfermedad.

A través de comunicaciones, hemos conocido situaciones graves que afectan la vida digna, tales como la prohibición de acceder a los supermercados, de ingresar a oficinas de entidades financieras, de ejercer el derecho al trabajo o el derecho fundamental de acceso a la función pública, de usar el transporte aéreo, de ingresar a hospitales, entre otras.. Ahora se contempla en Colombia la posibilidad de restringir el derecho fundamental al voto a quienes no se han querido vacunar. Esa ha sido siempre nuestra principal preocupación: que la lucha en contra de un virus, en la que todos debemos sumar esfuerzos, represente la generación de un mal mayor.

Vemos como las medidas se soportan en argumentos científicos, concretamente de médicos o epidemiólogos que mucho saben del deber de protección de la vida biológica, pero poco o nada del deber de protección de la vida digna. Y sobre ella, tal como ocurre con el derecho a morir dignamente, nadie puede interferir salvo que con su ejercicio se afecten los derechos de los demás. Esos mismos profesionales, a quienes debemos agradecer su sacrificio, han dejado de lado mucha información que ya nadie cuestiona: a. Estamos en una fase experimental de un suero aprobado para uso de emergencia, esto es, aún no es vacuna; b. El suero ha generado en algunos casos consecuencias graves para la salud y la vida de los inoculados; c. Hay personas que por sus preexistencias o comorbilidades, no pueden ser inoculados; d. Finalmente, cada persona tiene derecho a confiar en los resultados de la inoculación como a desconfiar en los mismos. Lo anterior, no puede representar la negación de los beneficios del biológico, sólo es un llamado a analizar con mayor detenimiento cada situación.

Ahora, es claro que tanto puede afectar el interés público la persona vacunada como la no vacunada. La diferencia puede estar en que el vacunado reduce el riesgo de muerte, pero éste riesgo no solo es bien conocido, sino que es asumido por el que no desea vacunarse. Lo hace en nombre de sus libertades y de su vida digna, decisión frente a la que nadie se puede oponer, salvo, se insiste, que con ella se afecten los derechos de los demás. Pero debe quedar claro que una cosa es no socializar con alguien que no está vacunado porque puede generar algún riesgo y otra distinta es discriminarlo e impedir el ejercicio de sus derechos fundamentales a pesar que puede generar el mismo riesgo de que puede ocasionar el vacunado. Si la preocupación es por la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, ¿qué puede ocurrir si quien decide no vacunarse también renuncia al eventual uso de una UCI?

El mismo presidente de TODOS los colombianos califica como un acto de imbecilidad a quienes no se desean vacunar. No hay nada más antidemocrático que señalar de imbécil las razones de los demás o nada más imprudente que descalificar las razones del otro, sin conocer su realidad. Tácitamente se está afirmando que “mi razón es mejor o, por lo menos, menos imbécil, que la razón del otro”. Pareciera que solo hay pro-vacunas y anti-vacunas. La experiencia obtenida a través de un sinnúmero de consultas acerca del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, me permite advertir que, además de esas dos posibilidades, hay personas con razones que deberían ser consideradas al momento de determinar la obligatoriedad de la inoculación. No se oponen a la vacuna sino a su obligatoriedad.

Esas afirmaciones, que alimentan la división y la polarización, son graves para una democracia cuyo éxito depende de la capacidad para defender el pluralismo y respetar la diferencia o la posibilidad de diferenciar un argumento conspiranoide que pone en peligro a los demás a un argumento que se soporta en el ejercicio responsable del derecho de defensa de las más firmes convicciones o de los más importantes derechos fundamentales.

Esto es grave, pero no tanto como el silencio que la academia guarda frente a esas afirmaciones o el de las personas que se vacunaron la primera vez, pero ya no quieren hacerlo dos veces, o el de quienes se vacunaron porque se sintieron obligados bajo la amenaza de la pérdida del empleo o el de quienes han sido vacunados y no obstante terminaron contagiados. ¿Miedo a salirse de una mayoría que se encuentra encandilada por el miedo?

Los docentes, más los de derecho constitucional, no estamos llamados a defender a las mayorías ni a justificar el carácter absoluto de los derechos fundamentales. Debemos, sin ánimo de tener dominio sobre la verdad, tratar de proponer, con rigor crítico y precisión casi quirúrgica, algunos equilibrios entre el interés general y el particular o, por lo menos, advertir algunas de tantas incoherencias que se han presentado. El tapabocas se consideraba la medida más eficaz, ahora no. Antes era seguro volar, ahora no; se busca la protección del derecho fundamental al trabajo, pero los que no se quieren vacunar no pueden trabajar. No se podían hacer en diciembre eventos masivos en poblaciones con ocupación del más del 80% de Unidades de Cuidados Intensivos, pero se realizaron fiestas patronales en municipios que no cuentan con esas unidades. Se cancelaron los carnavales de Barranquilla, pero se va a realizar un partido de fútbol de la selección. No sabemos realmente qué es lo que estamos protegiendo.

Los medios de comunicación es más lo que desinforman que lo que informan. Comparto una anécdota: Una periodista de un medio de comunicación me contactó para hacerme una entrevista en relación a estos temas. Le solicité que habláramos en unos minutos. Estaba ocupado y deseaba compartirle importante información. Le adelanté mi punto de vista en dos minutos. No me volvió a llamar. Mi sorpresa fue ver mi opinión en un reportaje claramente sesgado, atribuyéndome expresiones que nunca formulé y bajo un titular con el cual nunca hubiera autorizado la publicación de mi “entrevista”: “Los antivacunas reclaman sus derechos, pero no reconocen los de los demás”.

Hemos retrocedido diez años en los niveles de desarrollo, pero sin duda muchas décadas más en el proceso de consolidación de nuestra democracia. El Congreso no controla, los jueces no han protegido los derechos fundamentales y la ciudadanía que piensa distinto, se siente cada vez más desprotegida. Me he preguntado cuál sería la posición de los jueces frente a una hipotética decisión del órgano ejecutivo (Presidente de la República) de obligar, so pena de terminar el vinculo laboral, a todo servidor público, incluidos ellos, a vacunarse.  

Ser diferente, pensar diferente o defender los propios derechos fundamentales, se considera un atentado contra el interés general. Pareciera que todos debemos pensar igual y la sola diferencia se considera una ofensa contra el interés común, la salubridad pública o la seguridad ciudadana. No se ha advertido que uno de los principales daños que ha ocasionado el virus es el debilitamiento de la democracia. Esta es nuestra labor, la labor de todos, impedirlo.