UN CASO DE INJUSTICIA EXTREMA.

En el proceso de Patricia se cometieron graves irregularidades que finalmente terminaron con la condena a una persona inocente. La prueba de esa inocencia la tenía el mismo Fiscal en sus manos y advirtió, “en aras a la verdad y a la investigación integral”, el deber de la Judicatura de decretarla como prueba sobreviniente. No se hizo así y, finalmente, en la segunda instancia se indicó que “No se trajo al juicio el comprobante que demostraba el cumplimiento del contrato”. Precisamente la prueba que no fue aceptada, la prueba de la inocencia.

Es imposible para un abogado rehuir a las graves consecuencias de una injusticia extrema para la sociedad, la administración de justicia y, en especial, para la vida de una persona. Nada más complejo que afrontar la defensa de una inocente que terminó finalmente condenada como consecuencia de una clara violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa técnica.

Tres años luchando por su inocencia, dos tutelas instauradas, el riesgo de la sanción disciplinaria por temeridad, la no selección de la tutela para su revisión, el ruego incesante a la jurisdicción para que se analizaran estos nueve minutos y la última oportunidad representada en la solicitud de insistencia que debe presentar el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo o alguno de los Honorables Magistrados de la Corte Constitucional, obligan a poner en conocimiento público esta grave situación. ¡Ayúdemos a Patricia!