La academia en la que creo

 

Imperdible oportunidad la que nos ofrece el actual escenario político para poner nuevamente en actividad nuestro blog Justicia, Política y Derecho en Colombia, espacio creado para expresar de manera independiente un punto de vista distinto frente a algunos temas de interés nacional y, en lo posible, aportar, desde la Teoría del derecho, el derecho constitucional, la principialística y otras áreas, algunos elementos que ayuden a la comprensión de la realidad colombiana, sin mayores pretensiones intelectuales y sin desear usurpar los dominios de la verdad.

 

Poseedor de un espíritu liberal, no empeñaré mi libertad de expresión a favor de algún interés partidista que comprometa la autonomía e independencia de un pensamiento académico al servicio de los más altos fines constitucionales y sociales. Menos tratar de alcanzar aquello que un amplio sector de la academia mal ha llamado “rigor científico”, el que ha promovido una sustitución de los espacios para la reflexión jurídico-social a cambio de la formalización de los mismos, mediante un culto al excesivo protocolo citacional (tu me citas, yo te cito), y por hacer depender la pertinencia de un escrito a la estratificación de la revista en la cual se publicará, y la creencia en la pseudolegitimidad formal que arroja el número de “cartones” obtenidos por su autor, entre otros vicios.

 

Iniciaremos con una breve digresión acerca de la academia que queremos. Es claro que el derecho construye normas a una  velocidad menor que la que alcanzan los cambios  sociales, y las facultades de derecho no se inmutan; se ven estáticas en relación a los mismos debido, en parte, a que el exceso de formalidad en sus procesos administrativos (no los procesos en sí) y su comprensible pero excesivo afán por cumplir con los ritos exigidos por el “coco” de la acreditación, la reacreditación y a la rerereacreditación, las sume en carreras maratónicas que agotan el aliento para el esfuerzo final y principal: su proyección social.

 

Basta con preguntar si la academia, en general, ha asumido los enormes retos derivados de la incorporación de la Constitución Política de 1991. A partir de nuestra condición de litigante (que ha permitido ver abogados, jueces, funcionarios administrativos,  atados al imperio de la ley formal y a una noción de seguridad jurídica del Siglo XIX), de la experiencia docente (que ha puesto en evidencia la ausencia de un consenso mínimo acerca de la Teoría del derecho que exige el Estado social de derecho, así como los lentos cambios de la dogmática del derecho privado y del derecho administrativo a la luz de la constitucionalización del derecho) y de algunos años como investigador (que han ayudado a  determinar, por ejemplo, que algunas de las más importantes razones que generaron la crisis en el derecho y que fuera denunciadas por el Constituyente de 1991, aún perviven), aunados a abundantes hechos notorios, es posible responder que no.

 

Más que en procesos formales de la educación, que alguna función importante deben cumplir, creo en la sustantivización de la misma, en una docencia y en una investigación activas, propositivas, beligerantes, abiertas a la pluralidad, atentas a los cambios y necesidades sociales, coherentes con una autonomía universitaria desarrollada dentro de un marco constitucional y prestas a suministrar a toda la comunidad elementos que ayuden a entender con claridad  lo poco que los medios de comunicación alcanzan a informar o a interpretar el silencio frente a aquello que en no pocas ocasiones pretenden ocultar.

 

Creo, en pocos términos, en una academia reaccionaria que responda de manera inmediata a los problemas sociales. En una academia que funja de verdadero centro de análisis, discusión  y proposición. Que sirva de apoyo a una sociedad cada vez más aturdida por la ausencia de información o por el exceso de mala información. En una academia que ponga coto a la manipulación de la misma y a aquellos medios de comunicación que olvidan que, atados al deber de informar, debe ir el de formar, y que en su lugar consideran que noticiar es alimentar el morbo con el video de alguno de tantos homicidios ocurridos en el día.

 

El persistente engaño del que todos somos víctimas y algunos medios de comunicación cómplices cuando hacen eco, con claros fines demagógicos, politiqueros o (pseudo) religiosos, de argumentos que enturbian la razón e impiden la reflexión frente a temas cruciales para la sociedad colombiana como la unión de parejas del mismo sexo, la adopción como medio de protección del derecho fundamental de los niños a tener una familia, el aborto, la objeción de conciencia, la paz, la estrategia jurídica de Colombia frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto con Nicaragua y la legalización de la droga, entre otros temas, exigen una academia mucho más comprometida con la realidad social.

 

Por lo anterior, siempre será necesario recordar la importancia de una academia pluralista, socialmente responsable, ajena a fastidiosas discriminaciones entre facultades grandes y pequeñas, consciente de la importancia de unir esfuerzos para limitar el ejercicio del poder y para promover la generación de verdaderos cambios sociales a través de una formación integral humana, jurídica y ciudadana.

 

Finalmente, me propongo en las próximas entregas realizar algunas reflexiones marcadas por una inevitable pasión por el Derecho, sin estar exentas de convicciones, subjetivismos, generalizaciones y, por supuesto, de errores. Por ello, las palabras que usted leerá no cabrán dentro de alguno de los rangos de publicación señalados en los formatos de evaluación de las revistas indexadas y, de ser superado ese filtro, verían luz pública no antes de seis meses cuando ya poco habría que agregar. Por eso y mucho más, estimo necesario dar apertura a este espacio. La anterior es una breve justificación que se resume en una sola frase: la necesidad de ejercer la libertad de expresión o, mejor enunciado, de pensar libre.